Un nuevo capítulo en la seguridad digital
La ley de ciberseguridad marca un antes y un después para todas las empresas que gestionan datos sensibles en Chile.
Si bien muchos asocian esta normativa a bancos o compañías tecnológicas, también tiene un impacto directo en la vigilancia remota, donde la información visual y los registros de cámaras forman parte de una red de datos crítica.
Las empresas de seguridad —como Federal Seguridad— ya no solo deben proteger bienes físicos, sino también la integridad digital de sus sistemas de monitoreo.
Cualquier falla o brecha de información podría significar la exposición de imágenes, ubicaciones o incluso patrones de comportamiento de los usuarios.
En otras palabras, la protección ya no termina en la puerta: también debe resguardarse en la nube.
Qué establece la Ley de Ciberseguridad
Promulgada en 2025, la ley de ciberseguridad regula la protección de infraestructuras digitales críticas y la gestión de incidentes que involucren datos personales, redes y servicios conectados.
Su objetivo es garantizar que todas las organizaciones adopten protocolos de prevención, detección y respuesta frente a amenazas digitales.
Entre sus principales exigencias destacan:
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Implementación de planes de ciberseguridad certificados para empresas que manejan información de terceros.
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Obligación de notificar incidentes de seguridad al CSIRT (Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática) del Ministerio del Interior.
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Designación de un responsable interno de seguridad digital o un proveedor certificado.
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Auditorías periódicas de los sistemas conectados a redes públicas o privadas.
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Sanciones que van desde multas hasta suspensión de servicios por incumplimiento o filtración de datos.
En la práctica, esto significa que las empresas que prestan servicios de vigilancia remota —como monitoreo CCTV o alarmas conectadas— deben demostrar que sus plataformas digitales cumplen con estándares de protección equivalentes a los de una entidad bancaria.
Vigilancia remota y datos sensibles: el nuevo riesgo invisible
Cada cámara conectada, grabadora o panel de control es una posible puerta de entrada para un ciberataque.
Los delincuentes digitales ya no buscan solamente vulnerar sistemas financieros: hoy también apuntan a las redes de videovigilancia, porque ahí pueden obtener información valiosa sobre:
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Rutinas diarias de empresas o condominios.
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Puntos ciegos de acceso.
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Horarios de rondas o ausencia de personal.
Un ataque de ransomware o una brecha de seguridad en una central de monitoreo podría inutilizar sistemas completos o exponer grabaciones privadas.
Por eso, la ley de ciberseguridad exige que toda empresa que administre estos datos adopte medidas de resguardo preventivas, tales como encriptación, doble autenticación y respaldo fuera de línea.
Qué exige la ley a las empresas de seguridad y monitoreo
El cumplimiento de la ley de ciberseguridad no depende del tamaño de la empresa, sino del tipo de información que maneja.
Para el caso de la vigilancia remota, se considera que los registros audiovisuales son datos personales, por lo que deben tratarse con igual nivel de protección que una base de clientes o nómina de empleados.
Esto implica:
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Registrar los flujos de datos que pasan por las plataformas de monitoreo.
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Garantizar la trazabilidad de los accesos a imágenes o grabaciones.
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Implementar cifrado de extremo a extremo en las transmisiones en vivo y almacenamiento.
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Evitar el uso de contraseñas genéricas o accesos compartidos entre operadores.
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Notificar cualquier intento de intrusión o brecha en menos de 72 horas.
Estas medidas no solo protegen a los clientes, sino que también aseguran la continuidad operativa y evitan sanciones.
Cómo Federal Seguridad se adapta a la nueva era digital
En Federal Seguridad, la seguridad física y la digital trabajan de la mano.
Cada sistema de monitoreo remoto cuenta con protocolos de respaldo, servidores seguros y acceso controlado.
Además, el equipo técnico se capacita continuamente en normativas de protección de datos y en la aplicación práctica de la ley de ciberseguridad.
Entre las medidas implementadas destacan:
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Encriptación de datos en servidores dedicados.
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Certificación de operadores bajo estándares OS10 y seguridad digital.
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Auditorías internas y simulacros de contingencia digital.
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Conexiones seguras (VPN) para monitoreo remoto desde centrales o dispositivos móviles.
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Políticas de confidencialidad firmadas por cada trabajador.
Este enfoque garantiza que cada imagen captada, cada reporte y cada evento de seguridad sea tratado bajo estrictos parámetros de confidencialidad y protección.
Qué sanciones contempla la ley por incumplimiento
La ley de ciberseguridad establece sanciones progresivas según el nivel de daño o exposición generado por la empresa.
Las multas pueden alcanzar las 10.000 UTM, además de la suspensión temporal del servicio en caso de negligencia grave.
Si la filtración afecta a terceros, también puede aplicarse responsabilidad civil e indemnización por daños.
Por eso, muchas empresas del rubro están reforzando sus sistemas antes de que ocurra un incidente, apostando por soluciones integrales como las de Federal Seguridad, donde el cumplimiento tecnológico es parte del servicio.
Ciberseguridad y vigilancia: el nuevo estándar en confianza
La seguridad ya no se mide solo en rejas o cámaras visibles, sino también en la protección de la información que respalda cada operación.
Cumplir con la ley de ciberseguridad no es una formalidad: es una inversión en reputación, continuidad y confianza.
En un escenario donde las amenazas digitales evolucionan constantemente, las empresas que protegen su red están un paso adelante.
Y en ese terreno, Federal Seguridad consolida su liderazgo: tecnología avanzada, cumplimiento normativo y una promesa clara — proteger lo que ves y también lo que no ves.
