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Una persona ingresa sin autorización al estacionamiento de un condominio, no hay guardias, ni cámaras, ni protocolo. Horas más tarde, un robo, la comunidad afectada discute si demandar al administrador o a la empresa de administración. 

Este tipo de situaciones son más comunes de lo que parece. Y no se trata solo de un mal rato. La ausencia de una empresa de seguridad formal puede derivar en responsabilidad legal, sanciones económicas, pérdida de patrimonio y reputación.

En este artículo te explicaremos con claridad todas las consecuencias de no contar con seguridad profesional, enfocándonos en casos reales, normativa chilena y criterios preventivos que pueden marcar la diferencia entre proteger y lamentar. 

¿Qué riesgos legales enfrentas al no contar con una empresa de seguridad formal? 

No contratar una empresa de seguridad acreditada puede exponer a tu comunidad, edificio, empresa o local comercial a una serie de responsabilidades legales graves. 

Principales riesgos legales: 

  • Incumplimiento de deber de protección: si eres empleador, arrendador o administrador, tienes el deber legal de velar por la seguridad de las personas dentro del inmueble. 
  • Responsabilidad civil por daños: si alguien sufre un robo o agresión en tus instalaciones, y se demuestra que hubo negligencia en las medidas de seguridad, podrías enfrentar demandas. 
  • Problemas con seguros: muchas pólizas exigen condiciones mínimas de vigilancia. Si no las cumples, no hay cobertura. 

Violación a la Ley N° 19.303 (Ley de Seguridad Privada): en Chile, solo las empresas autorizadas por la autoridad pueden prestar servicios de seguridad. 

¿Qué implica esto? 

La ley puede considerar que hubo negligencia activa u omisión grave, y la responsabilidad puede recaer tanto en personas naturales como en personas jurídicas (empresas, administraciones, comités, etc.). 

Demandas por negligencia: cuando la falta de seguridad se convierte en un problema judicial 

En Chile, la negligencia en seguridad puede generar responsabilidad civil. Eso significa que si ocurre un delito en tus instalaciones y no adoptaste medidas razonables de protección, puedes ser demandado por los afectados. 

Casos comunes: 

  • Robo a un cliente en un estacionamiento sin cámaras ni vigilancia. 
  • Asalto a un residente dentro de un condominio sin portería activa. 
  • Accidente en espacios comunes sin iluminación adecuada o sin personal que vigile. 

¿Qué analiza un tribunal? 

  1. ¿Existían medidas mínimas de seguridad? 
  2. ¿Se informó a las personas sobre el riesgo? 
  3. ¿Hubo fallas en sistemas de control de acceso? 
  4. ¿Se intentó delegar funciones a personal no autorizado o sin contrato? 

Si se acredita que el daño pudo haberse evitado con una empresa de seguridad profesional, las consecuencias judiciales pueden ser significativas. Incluso si no fuiste tú quien cometió el delito. 

¿Cómo afecta económicamente un robo o incidente por no tener seguridad profesional? 

Más allá de lo legal, los efectos económicos de un incidente en una propiedad sin vigilancia pueden ser devastadores. Las pérdidas directas no son lo único que está en juego. 

Costos que se pueden generar: 

  • Reposición de equipos o infraestructura robada o dañada. 
  • Indemnizaciones legales a terceros afectados. 
  • Aumento de primas en seguros o anulación de la cobertura. 
  • Pérdida de arriendos o contratos por percepción de inseguridad. 
  • Daño reputacional que puede afectar ventas o valorización del activo. 

Comparación práctica: 

Un sistema de vigilancia básico con una empresa certificada puede costar entre $600.000 y $1.000.000 mensuales en una comunidad promedio. Sin embargo, un solo robo de alto impacto puede implicar: 

  • Daños por $10 millones o más. 
  • Demandas por $5 millones adicionales. 
  • Costos de reparación, mejora urgente y cambio de administración. 
  • El costo de prevenir es muy inferior al costo de no hacerlo. 

Multas y sanciones por incumplir normativas de seguridad en comunidades y empresas 

La legislación chilena establece obligaciones concretas para recintos privados y públicos en términos de seguridad. No cumplirlas puede derivar en multas, clausuras o fiscalizaciones extraordinarias. 

Algunas normas relevantes: 

  • Ley N° 19.303 y su reglamento, que exige que solo empresas autorizadas presten servicios de vigilancia. 
  • Ley N° 21.442 de Copropiedad Inmobiliaria, que obliga a las comunidades a implementar medidas de protección. 

Ordenanzas municipales, que en varias comunas (como Las Condes o Providencia) incluyen exigencias mínimas de cámaras o personal en edificios de cierto tamaño. 

Multas posibles: 

  • Desde 5 UTM hasta 100 UTM, dependiendo de la infracción. 
  • Suspensión de actividades o clausura temporal en casos graves. 
  • Inhabilitación de personas o empresas para seguir operando en el rol de administrador. 

Además, la Dirección del Trabajo puede fiscalizar si se utilizan trabajadores informales o sin contrato, lo que agrava aún más el problema. 

Seguridad informal: los errores más costosos de improvisar con personal no autorizado 

Muchos administradores o encargados optan por contratar guardias de manera informal, sin pasar por empresas certificadas. A corto plazo parece una solución barata. Pero es una trampa peligrosa. 

¿Qué riesgos conlleva contratar seguridad informal? 

  • No están capacitados ni acreditados por Carabineros. 
  • No hay registro de antecedentes ni control psicológico. 
  • Su actuar no está cubierto por seguros ni fiscalizado por autoridad alguna. 
  • No pueden portar elementos disuasivos ni intervenir legalmente. 

Consecuencias directas: 

  • Si ese guardia comete un error, la responsabilidad será del contratante. 
  • Si sufre un accidente laboral, el empleador será responsable por no tener contrato ni previsión. 
  • Si interviene en un incidente de forma inadecuada, puede agravar el conflicto y generar demandas. 

La seguridad informal no es más barata, solo es más riesgosa. 

¿Puede una empresa ser responsable por delitos ocurridos en sus instalaciones? 

Sí. En ciertos casos, la empresa puede ser considerada responsable civil o incluso penalmente por delitos cometidos al interior de su establecimiento si se demuestra falta de diligencia en la prevención. 

Esto aplica especialmente cuando: 

  • No existen protocolos de seguridad, control de acceso o monitoreo. 
  • No hay personal capacitado que supervise riesgos. 
  • Se ignoran advertencias o incidentes previos similares. 

Ejemplos: 

  • Empresas que permiten libre circulación de externos sin registros. 
  • Bodegas sin cámaras donde ocurren robos sistemáticos. 
  • Estacionamientos con múltiples denuncias y sin medidas correctivas. 

En Chile, la jurisprudencia reconoce la responsabilidad del empleador o propietario cuando hay omisión en la protección de los usuarios del recinto. 

Percepción de inseguridad: el impacto en la reputación y valor comercial de tu propiedad 

Más allá de lo legal y lo económico, la inseguridad afecta directamente la percepción del entorno. Una comunidad, empresa o local que no cuenta con una empresa de seguridad proyecta vulnerabilidad. 

Impactos en imagen y valor: 

  • Menos clientes en locales comerciales donde ocurren hurtos frecuentes. 
  • Dificultad para arrendar departamentos en edificios sin vigilancia. 
  • Pérdida de valor en propiedades si la comunidad es vista como riesgosa. 
  • Aumento en la rotación de arrendatarios por falta de sensación de protección. 

En cambio, una empresa de seguridad: 

  • Mejora la imagen profesional del lugar. 
  • Aumenta la sensación de confianza entre usuarios o vecinos. 
  • Reduce la rotación y mejora la estabilidad de los contratos. 

En resumen, la seguridad profesional también es una inversión en reputación. 

Invertir o pagar después: ¿qué sale más caro, prevenir con seguridad o asumir las consecuencias? 

Uno de los principales errores es pensar que la seguridad profesional es cara, sin considerar lo que cuesta un incidente grave. Es la clásica pregunta: ¿invertir ahora o pagar después? 

Punteo comparativo: 

  • Costo de un sistema con empresa de seguridad: desde $600.000 mensuales. 
  • Costo de un robo importante: puede superar los $10 millones. 
  • Costo legal de una demanda por negligencia: entre $2 y $10 millones. 
  • Costo reputacional: pérdida de arriendos, contratos o clientela. 

Valor real de prevenir: 

  • Tranquilidad para vecinos o clientes. 
  • Reducción de primas en seguros. 
  • Mejora en la operatividad y el control. 
  • Evitar consecuencias legales y mediáticas que pueden ser devastadoras. 

Prevenir no es solo más barato, también es más humano, más responsable y más profesional. 

La seguridad es una responsabilidad legal, económica y ética 

No contratar una empresa de seguridad acreditada no solo pone en riesgo tu patrimonio. También te expone a consecuencias legales, sanciones administrativas, pérdida de confianza y gastos imprevistos que superan por mucho la inversión en protección profesional. 

Hoy, contar con seguridad no es un lujo. Es una necesidad legal, operativa y estratégica. Elegir proteger tu comunidad, empresa o propiedad es elegir prevenir, cuidar y cumplir. 

Al final de esta página encontrarás un formulario de contacto. Completarlo te permitirá recibir asesoría especializada sobre sistemas de vigilancia, servicios de guardias y protocolos legales adaptados a tu realidad. Actúa hoy antes de tener que reaccionar mañana. Tu seguridad y la de tu entorno lo agradecerán. 

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