La importancia del contrato en las relaciones con proveedores
En la administración moderna de edificios, condominios o empresas, es común delegar funciones en terceros: limpieza, conserjería, mantención, seguridad o jardinería.
Sin embargo, cuando surgen conflictos —incumplimientos, daños o reclamos laborales— el primer documento que se revisa es el contrato de prestación de servicios.
Y aquí aparece el problema: muchos contratos son copias genéricas o plantillas desactualizadas que no cumplen con los criterios legales vigentes ni contemplan las nuevas exigencias jurisprudenciales establecidas por la Dirección del Trabajo y los tribunales civiles.
Por eso, hoy más que nunca, redactar correctamente un contrato no solo evita problemas: protege legalmente al administrador, a la comunidad y a los proveedores.
Qué es un contrato de prestación de servicios y por qué debe actualizarse
El contrato de prestación de servicios es un acuerdo civil mediante el cual una parte (el contratista) se obliga a realizar una tarea o actividad a favor de otra (el mandante), sin que exista una relación de subordinación laboral directa.
En condominios, se aplica cuando se contrata una empresa de aseo, seguridad o mantenimiento que trabaja con su propio personal.
El error común es que muchas comunidades utilizan contratos incompletos, sin cláusulas que definan responsabilidades, plazos, seguros ni mecanismos de resolución de conflictos.
Esa omisión puede derivar en sanciones o demandas, especialmente cuando el servicio genera perjuicios a residentes o trabajadores.
Nueva jurisprudencia: el administrador también puede ser responsable
La jurisprudencia reciente (2024–2025) ha establecido un precedente importante:
Si un contrato no define claramente la distribución de obligaciones entre contratista y mandante, la comunidad o administrador puede ser solidariamente responsable de los incumplimientos laborales o civiles del proveedor.
Esto se basa en el principio de “deber de control” que aplica la Ley de Subcontratación (Art. 183-C del Código del Trabajo) y en sentencias recientes de la Corte Suprema que refuerzan el concepto de “culpa in vigilando”.
En otras palabras: no basta con firmar el contrato; hay que demostrar que se fiscaliza su cumplimiento.
Cláusulas obligatorias según la nueva jurisprudencia chilena
Para asegurar la validez y protección de un contrato de prestación de servicios, es fundamental incluir las siguientes cláusulas:
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Identificación completa de las partes.
Debe especificarse razón social, RUT, domicilio y representante legal de ambas partes.
En condominios, se recomienda agregar el número de rol y dirección exacta del edificio. -
Objeto del contrato.
Describir de forma clara y detallada las tareas que realizará la empresa: limpieza de áreas comunes, vigilancia, mantención de ascensores, etc.
Debe incluir frecuencia, horarios y estándares de servicio. -
Duración y prórrogas.
Especificar fecha de inicio, término y condiciones para renovación automática o terminación anticipada. -
Obligaciones del contratista.
Incluir deberes como cumplir normativa laboral, mantener seguros vigentes, presentar certificados previsionales y capacitar al personal. -
Obligaciones del mandante (la comunidad o empresa).
Pagar en plazos acordados, permitir acceso a instalaciones y exigir cumplimiento documental. -
Responsabilidad civil y penal.
Definir quién responde ante daños a bienes, personas o incumplimientos contractuales.
La jurisprudencia exige especificar que el contratista asume la responsabilidad directa por su personal y actos derivados de la prestación. -
Cláusula de confidencialidad y protección de datos.
En servicios con acceso a cámaras, registros o información personal, es obligatorio garantizar la confidencialidad conforme a la Ley 19.628 sobre protección de datos personales. -
Resolución de conflictos.
Establecer el mecanismo de resolución: mediación, arbitraje o tribunales ordinarios.
Cada vez más comunidades optan por cláusulas de mediación previa para evitar juicios costosos. -
Fiscalización y entrega de documentación.
Exigir al contratista entregar mensualmente comprobantes de pago previsional, seguros y cotizaciones.
Esto protege a la comunidad ante la Dirección del Trabajo y ante demandas laborales indirectas. -
Garantías y multas.
Se recomienda exigir una boleta de garantía o póliza equivalente que cubra incumplimientos contractuales, daños o multas.
Qué pasa si el contrato de prestación de servicios no cumple con la ley
Un contrato mal redactado o incompleto puede generar consecuencias graves, entre ellas:
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Responsabilidad solidaria del mandante ante infracciones laborales del contratista.
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Pérdida de cobertura de seguros en caso de siniestros o daños materiales.
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Multas administrativas impuestas por la Dirección del Trabajo.
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Demandas civiles por negligencia o incumplimiento contractual.
Además, si el contrato carece de respaldo formal, se presume una relación laboral directa, lo que expone a la comunidad a pagar cotizaciones atrasadas y multas retroactivas.
Buenas prácticas para administradores y comités
Para aplicar correctamente la jurisprudencia sobre contratos de prestación de servicios, se recomienda:
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Revisar y actualizar todos los contratos al menos una vez al año.
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Incorporar una sección de “Cumplimiento normativo y documentación laboral”.
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Solicitar respaldo legal al momento de renovar servicios.
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Mantener registro digital de todos los contratos, certificados y facturas.
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Exigir que cada empresa tenga su acreditación OS10 o permisos equivalentes vigentes.
Estas medidas permiten demostrar diligencia ante cualquier auditoría o inspección.
Federal Seguridad: cumplimiento contractual y transparencia total
En Federal Seguridad, cada contrato se redacta conforme a la jurisprudencia actualizada y los lineamientos de la Ley de Subcontratación y el Código Civil.
La empresa entrega mensualmente toda la documentación respaldatoria —cotizaciones, seguros, certificados OS10 y registros de jornada—, garantizando transparencia absoluta y trazabilidad documental.
Además, Federal Seguridad asesora a comunidades y empresas en la revisión de sus contratos de prestación de servicios, ayudándoles a incorporar cláusulas preventivas y mecanismos de control que evitan conflictos y sanciones legales.
Su enfoque va más allá del cumplimiento: promueve seguridad jurídica, formalidad y confianza en cada relación contractual.
Conclusión: un contrato claro evita conflictos futuros
El contrato de prestación de servicios no es un simple documento administrativo, sino una herramienta de prevención legal y operativa.
Cada cláusula bien redactada puede significar la diferencia entre una relación laboral segura y un conflicto costoso.
Administradores, comités y empresas deben comprender que la prevención jurídica es parte esencial de la gestión profesional.
Y contar con aliados como Federal Seguridad, que priorizan la legalidad y la transparencia, es la mejor garantía de tranquilidad para toda comunidad.
