Subcontratar no significa desligarse de la responsabilidad
En Chile, miles de comunidades y edificios contratan servicios externos: conserjería, limpieza, jardinería o seguridad privada. Pero pocas veces se comprende que, legalmente, la comunidad no se libera de responsabilidades ante infracciones laborales o previsionales cometidas por la empresa contratada.
La Ley de subcontratación, regulada por el artículo 183-A y siguientes del Código del Trabajo, establece una figura clave:
la responsabilidad solidaria y subsidiaria.
Esto significa que si una empresa externa no cumple con sus obligaciones laborales o previsionales, la administración del condominio puede ser igualmente sancionada.
Este principio busca proteger los derechos de los trabajadores y evitar que las empresas de servicios actúen sin control o supervisión.
Qué exige la ley de subcontratación a las comunidades y administraciones
La Dirección del Trabajo (DT) ha reforzado las fiscalizaciones sobre contratistas y administraciones, especialmente en condominios y edificios residenciales.
De acuerdo con la ley de subcontratación, toda administración debe cumplir con tres grandes deberes legales:
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Exigir acreditación de cumplimiento laboral y previsional.
Antes de pagar una factura o renovar contrato, la comunidad debe solicitar certificados de pago de cotizaciones, AFP, salud y seguro de cesantía.
Si no lo hace, puede ser solidariamente responsable de esos pagos pendientes. -
Verificar la legalidad del vínculo laboral.
Los trabajadores subcontratados deben tener contrato formal, registro de jornada y cobertura de seguridad laboral.
La administración tiene derecho a solicitar copia de estos contratos como medida de control. -
Asegurar condiciones de seguridad y salud.
Según el artículo 66 bis de la Ley 16.744, tanto el contratista como el mandante (en este caso, la comunidad o edificio) deben implementar medidas de prevención de riesgos y capacitar al personal en procedimientos de emergencia.
Responsabilidad solidaria vs. subsidiaria: qué significa en la práctica
Uno de los errores más comunes en comunidades es creer que solo la empresa contratada responde ante infracciones laborales.
Sin embargo, la ley de subcontratación distingue dos tipos de responsabilidades:
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Responsabilidad solidaria:
Aplica cuando la comunidad mantiene una relación directa y continua con los trabajadores subcontratados. En este caso, responde al mismo nivel que la empresa de servicios ante deudas laborales o previsionales. -
Responsabilidad subsidiaria:
Opera cuando la comunidad actúa como “mandante” pero sin relación diaria con los trabajadores. Solo responde si la empresa incumple y no puede pagar sus obligaciones.
En ambos casos, la comunidad puede verse involucrada en juicios laborales, embargos o sanciones administrativas si no acredita una correcta fiscalización contractual.
Documentos que toda administración debe exigir a sus empresas de servicios
Para cumplir con la ley de subcontratación, el administrador o comité debe solicitar mensualmente los siguientes documentos a cada proveedor externo:
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Certificado de cotizaciones previsionales pagadas (AFP y salud).
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Planilla de liquidaciones de sueldo.
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Comprobante de pago de seguro de accidentes del trabajo (Ley 16.744).
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Registro de asistencia y control de jornada.
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Certificado de cumplimiento de la Inspección del Trabajo, si corresponde.
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Copia del contrato vigente y su fecha de término.
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Certificado de antecedentes del personal operativo (si aplica).
Guardar estos documentos y mantenerlos archivados durante al menos 5 años es la mejor defensa ante cualquier fiscalización o demanda.
Sanciones por incumplir la ley de subcontratación
No fiscalizar o contratar empresas sin respaldo puede tener consecuencias severas.
La Dirección del Trabajo puede imponer multas de entre 10 y 60 UTM, además de:
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Responsabilidad solidaria por pago de cotizaciones impagas.
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Demandas laborales por despido injustificado o no pago de finiquitos.
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Suspensión temporal de servicios contratados.
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Riesgo reputacional para la comunidad o el administrador.
En casos graves, la comunidad puede ser obligada a pagar directamente los sueldos de trabajadores que nunca contrató formalmente.
Buenas prácticas legales para administraciones de condominios
Aplicar la ley de subcontratación correctamente requiere organización y transparencia.
Aquí algunas prácticas recomendadas para administradores profesionales:
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Incluir cláusulas de cumplimiento laboral en los contratos.
Añade una sección que obligue a la empresa a entregar documentación mensual y asumir toda responsabilidad legal por sus trabajadores. -
Verificar inscripción OS10 o licencias correspondientes.
Toda empresa de seguridad o vigilancia debe estar acreditada ante Carabineros. No basta con tener personal operativo. -
Revisar antecedentes de cumplimiento antes de contratar.
Solicita certificaciones previas o referencias laborales de la empresa prestadora. -
Establecer un sistema de control documental.
Un checklist digital o planilla compartida permite mantener trazabilidad de entregas y fechas. -
Coordinar con el comité de administración revisiones trimestrales.
Esto demuestra diligencia y reduce el riesgo de sanciones colectivas.
Federal Seguridad: cumplimiento, transparencia y respaldo legal
En Federal Seguridad, cada servicio se ejecuta bajo los principios que establece la ley de subcontratación: legalidad, trazabilidad y responsabilidad compartida.
La empresa entrega mensualmente todos los certificados exigidos por la Dirección del Trabajo, garantizando tranquilidad a administradores y comunidades.
Además, Federal Seguridad cuenta con sistemas de control interno que registran asistencia, cumplimiento de turnos, cotizaciones y acreditaciones OS10 en tiempo real, facilitando auditorías y fiscalizaciones.
Su enfoque va más allá de la vigilancia: promueve una gestión segura, transparente y ajustada a la ley.
Conclusión: contratar bien es prevenir problemas
Cumplir con la ley de subcontratación no es un trámite, es una herramienta para proteger a la comunidad, al administrador y a los propios trabajadores.
Cuando la administración fiscaliza correctamente, reduce riesgos laborales, evita sanciones y fortalece la confianza entre todos los actores del condominio.
En un contexto donde la formalidad es sinónimo de seguridad, Federal Seguridad demuestra que la legalidad también es parte esencial de la prevención.
