Hace unos años, un cliente me llamó con un problema curioso. Había instalado varias cámaras de seguridad en su tienda, convencido de que estaba haciendo lo correcto para proteger su negocio.
El problema no fue la instalación, ni la calidad de las imágenes… sino que nunca avisó a sus clientes que estaban siendo grabados. Resultado: una multa considerable y la obligación de retirar temporalmente el sistema.
Esa historia, que podría sonar exagerada, es más común de lo que creemos. El CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) no solo es un conjunto de cables, lentes y monitores: es también un instrumento legalmente regulado. Y como toda herramienta poderosa, su uso conlleva reglas claras.
Este artículo no es un texto legal puro, ni un manual técnico. Es más bien una guía práctica, narrada desde la experiencia, para que cualquier persona —ya sea un administrador de edificios, un empresario o un particular— entienda qué dice la ley sobre el CCTV y cómo evitar problemas legales al usarlo.
Marco legal básico que regula el uso de cámaras de videovigilancia
Aunque cada país tiene su propia legislación, hay un patrón que se repite: la ley intenta equilibrar dos intereses que parecen opuestos pero que deben convivir: seguridad y privacidad.
En Chile, por ejemplo, no existe una ley única dedicada exclusivamente al CCTV, pero sí un conjunto de normas dispersas que se aplican en distintos escenarios: la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, algunos artículos del Código Penal y reglamentos municipales o sectoriales.
Lo esencial es comprender que el uso de cámaras debe cumplir tres principios:
- Protección de datos: la información captada no puede ser utilizada para fines distintos a los declarados.
- Proporcionalidad: solo se instalan cámaras donde sea razonable y justificado hacerlo.
- Transparencia: quienes circulen por un área con cámaras deben ser informados.
Recuerdo a un colega abogado que solía decir:
“Una cámara sin respaldo legal es como un testigo que no puede hablar en un juicio: está ahí, pero no sirve de nada”.
Normativa pública y privada: dos realidades diferentes
Uno de los errores más frecuentes es pensar que las reglas para instalar cámaras en un espacio público son iguales a las de un lugar privado. No lo son.
En el ámbito público, la administración suele estar en manos de autoridades locales, como municipalidades o carabineros. El objetivo es la vigilancia ciudadana, la prevención de delitos y, en algunos casos, la gestión del tránsito. Estas cámaras deben cumplir con protocolos de uso y custodia muy estrictos.
En el ámbito privado, hablamos de empresas, condominios, comercios e incluso viviendas particulares. Aquí, la motivación principal es proteger bienes y personas, pero eso no exime de cumplir con la normativa, sobre todo si el espacio vigilado es accesible al público.
Ejemplo real: en un condominio de Viña del Mar, un vecino instaló su propia cámara apuntando hacia la entrada del edificio y parte de la vereda. La administración tuvo que intervenir porque, aunque la intención era “vigilar”, el lente estaba captando imágenes de transeúntes y vehículos ajenos.
Requisitos legales antes de instalar un sistema de CCTV
La ley no prohíbe instalar cámaras, pero sí establece ciertos pasos y límites. En la práctica, antes de poner en marcha un sistema de videovigilancia, es recomendable:
- Definir el objetivo: ¿por qué se instalan las cámaras? Seguridad, control de acceso, prevención de incidentes… debe haber un motivo legítimo.
- Elegir la ubicación adecuada: no apuntar a lugares donde se vulnera la intimidad, como baños, vestidores o casas ajenas.
- Informar a los afectados: empleados, visitantes, clientes o vecinos deben saber que hay grabación.
- Establecer un tiempo máximo de almacenamiento: en la mayoría de los casos, no más de 30 días, salvo investigaciones en curso.
- Restringir el acceso a las grabaciones: solo personal autorizado debe revisarlas.
En comunidades de propietarios, la decisión de instalar cámaras suele requerir un acuerdo formal en asamblea, y su ubicación debe limitarse a áreas comunes.
Protección de datos personales: el lado invisible del CCTV
Aunque muchas personas lo olvidan, una grabación de CCTV no es solo “un video”: también es un archivo que contiene datos personales. Y en términos legales, eso significa que está protegido por normativas de privacidad.
Los puntos clave son:
- Acceso limitado: nadie fuera del personal autorizado debería ver el material.
- No difusión sin consentimiento: salvo por orden judicial, no se pueden publicar las grabaciones.
- Derecho de acceso y eliminación: cualquier persona grabada puede pedir ver las imágenes en las que aparece y, en ciertos casos, solicitar su eliminación.
Hace poco, una cafetería fue denunciada porque un video de un cliente se filtró en redes sociales. Aunque la intención era alertar de un hurto, la sanción fue clara: vulneración del derecho a la imagen.
Señalización: más que un cartel, una obligación legal
Uno de los elementos más visibles —y más ignorados— es la señalización. La ley exige que las personas sepan que están siendo grabadas, y no basta con una cámara visible.
Un cartel de aviso debe incluir:
- Un símbolo reconocible de cámara.
- El nombre o contacto del responsable del sistema.
- La finalidad de la grabación.
Este aviso, además de ser una obligación, cumple una función disuasoria. Un letrero bien visible puede prevenir incidentes antes incluso de que la cámara entre en acción.
Sanciones y multas: cuando el CCTV se vuelve un problema
No cumplir con las normativas de CCTV no es un detalle menor. Las sanciones pueden ir desde advertencias formales hasta multas de alto monto.
Ejemplos de infracciones comunes:
- Colocar cámaras en lugares prohibidos.
- Grabar sin informar a las personas.
- Almacenar grabaciones por más tiempo del permitido.
- Compartir videos sin autorización.
En algunos casos, especialmente si la grabación vulnera derechos fundamentales, también puede haber responsabilidad penal.
Normas específicas para comunidades, empresas y espacios públicos
Cada tipo de espacio tiene sus propias reglas y particularidades:
- Comunidades: cámaras solo en áreas comunes, instaladas con acuerdo mayoritario.
- Empresas: respetar derechos laborales, evitando vigilancia excesiva sobre empleados.
- Espacios públicos: protocolos estrictos para el almacenamiento y uso de imágenes.
La clave, en todos los casos, es que la videovigilancia no se convierta en un mecanismo de control abusivo, sino en una herramienta de seguridad legítima.
Cambios legislativos y tendencias en videovigilancia
El uso de inteligencia artificial en CCTV está llevando a los legisladores a plantear nuevas reglas. Entre las tendencias más comentadas:
- Regulación del reconocimiento facial: límites para evitar abusos.
- Exigencias de ciberseguridad: evitar que sistemas sean hackeados.
- Transparencia pública: claridad sobre quién maneja las imágenes y con qué fin.
- Normas internacionales: para armonizar criterios entre distintos países.
No sería extraño que, en pocos años, el reconocimiento facial en espacios públicos esté sujeto a licencias especiales o a controles mucho más estrictos.
Llamado a la acción
El CCTV es, sin duda, una de las herramientas más efectivas para la seguridad moderna. Pero su valor real no está solo en la tecnología, sino en la forma en que se utiliza y se regula. Cumplir con las normativas no es un capricho legal: es la única manera de garantizar que la videovigilancia aporte confianza en lugar de generar conflictos.
Si tu empresa, comunidad o negocio está pensando en instalar cámaras de seguridad, hazlo bien desde el principio. Llena nuestro formulario y te ayudaremos a diseñar un sistema que sea seguro, legal y, sobre todo, respetuoso con los derechos de las personas.
