En la esquina de un barrio tranquilo de Ñuñoa, una cámara de vigilancia observa en silencio el ir y venir de los vecinos. A simple vista, transmite seguridad: padres que dejan a sus hijos en el colegio, adultos mayores que pasean con calma, trabajadores que regresan de la oficina. Pero detrás de ese lente, también surge una inquietud: ¿hasta dónde llega la seguridad y dónde empieza a vulnerarse la privacidad de las personas?
El debate sobre el CCTV está más vivo que nunca. En un país donde la delincuencia preocupa a diario, las cámaras parecen una solución evidente. Sin embargo, la expansión de la videovigilancia en calles, colegios, oficinas y hasta condominios abre una discusión incómoda: ¿estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestra intimidad por sentirnos más protegidos?
Seguridad bajo la mirada constante
El aumento de cámaras en espacios públicos y privados responde a un hecho concreto: el miedo. Según encuestas de percepción ciudadana, más del 70% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado en su barrio. La instalación de sistemas de CCTV ha sido la respuesta inmediata, promovida tanto por municipalidades como por empresas.
“Las cámaras nos ayudan a sentir que alguien vigila cuando nosotros no estamos. Sin ellas, sería imposible controlar todo”, afirma ficticiamente Rodrigo Salinas, administrador de un edificio en Santiago.
Pero la otra cara de la moneda es evidente: cada registro almacena horas y horas de vida cotidiana. No solo capta delitos, también conversaciones, gestos y rutinas de personas que nada tienen que ver con la inseguridad.
El marco legal y sus límites
En Chile, el uso de CCTV está regulado bajo principios claros: debe tener un propósito específico, no puede invadir espacios privados como baños o vestidores, y las grabaciones se consideran datos sensibles que deben resguardarse con cuidado.
El abogado ficticio Sebastián Arriagada, especialista en derecho digital, lo explica así: “El video de una cámara puede ser clave para resolver un delito, pero también puede transformarse en una vulneración si se usa sin control. La ley busca ese equilibrio: proteger a la gente sin convertir la ciudad en un panóptico moderno”.
En la práctica, la vigilancia debe ser proporcional al nivel de riesgo. No se justifica llenar de cámaras un espacio sin motivo, del mismo modo que no se puede almacenar grabaciones indefinidamente sin garantías de seguridad.
Privacidad vs seguridad: la delgada línea
Los defensores de la videovigilancia sostienen que el beneficio supera al riesgo. Las cámaras han sido clave para esclarecer robos, accidentes de tránsito e incluso desapariciones. Para ellos, cada lente instalado es un paso hacia barrios más tranquilos.
Pero los críticos ven un peligro mayor: la normalización de vivir bajo observación. “No podemos aceptar que cada movimiento quede registrado y almacenado. Hoy es seguridad, pero mañana puede ser control social o comercial”, advierte ficticiamente Valentina Rojas, activista por los derechos digitales.
La pregunta queda abierta: ¿queremos sentirnos más seguros a costa de ser observados constantemente?
Conclusión
El CCTV es, sin duda, una herramienta poderosa en la lucha contra la delincuencia, pero no está exenta de dilemas. Si bien protege comunidades y facilita la labor judicial, también puede transformarse en una invasión a la intimidad si no se maneja con responsabilidad.
El gran desafío es encontrar el punto de equilibrio: que las cámaras protejan sin convertir la vida cotidiana en un escenario de vigilancia total. Porque en la balanza entre seguridad y privacidad, lo que realmente está en juego es la confianza de los ciudadanos.
