Cada vez más comunidades en Chile están instalando cámaras de seguridad (CCTV) en sus edificios, condominios y pasajes cerrados. Y no es para menos: las cámaras ayudan a prevenir delitos, registrar situaciones sospechosas y resolver conflictos.
La respuesta no es tan simple, porque aunque el objetivo sea la seguridad, también entra en juego algo muy importante: la privacidad de las personas.
En este artículo te explicamos quién tiene acceso al sistema de CCTV en una comunidad, qué dice la ley y qué buenas prácticas se deben seguir para que las cámaras protejan… sin convertirse en un problema.
¿Qué dice la ley sobre el uso de cámaras de seguridad en comunidades?
En Chile, no existe una ley única que regule exclusivamente el uso de cámaras de seguridad en comunidades. Sin embargo, hay varias normas que se cruzan y que definen cómo deben instalarse, para qué pueden usarse y quién puede acceder a las imágenes.
Algunas de las más relevantes:
- Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada: establece que el tratamiento de datos personales, incluidas imágenes, debe respetar la privacidad y el consentimiento.
- Ley de Copropiedad Inmobiliaria (N° 21.442): regula la administración de edificios y condominios, incluyendo temas de seguridad y gestión de espacios comunes.
- Normativa del Consejo para la Transparencia: entrega criterios sobre el uso de cámaras en espacios públicos y semi públicos.
- Código Civil y Penal: en algunos casos, también pueden entrar en juego si hay grabaciones mal utilizadas.
En resumen: las cámaras se pueden usar, pero no de cualquier forma. Deben cumplir un objetivo claro, estar bien informadas (con señalética visible) y proteger los derechos de las personas grabadas.
¿Quién puede revisar las grabaciones del CCTV y en qué casos?
El acceso al sistema de CCTV no es libre. No cualquiera puede entrar a la sala de grabación o pedir las imágenes porque “quiere ver qué pasó”. El principio general es que solo personas autorizadas pueden acceder a las grabaciones, y solo en ciertos contextos justificados.
Los principales casos en los que sí se puede revisar el material son:
- Cuando hay un incidente de seguridad: un robo, una pelea, una entrada forzada.
- Cuando lo solicita Carabineros o la PDI: en el marco de una investigación formal.
- Cuando se presenta una solicitud escrita por un residente afectado: con fundamentos y dentro del plazo que se guarda la grabación.
- Cuando lo autoriza el comité de administración, tras evaluar el motivo.
El administrador y el comité son los encargados de velar por ese acceso responsable. Si alguien ajeno accede sin justificación, puede haber consecuencias legales.
El rol del administrador en la gestión de las cámaras de vigilancia
El administrador no solo gestiona el edificio: también tiene la responsabilidad de resguardar el uso correcto del sistema de cámaras. No se trata de que él vea todo ni de que tenga control absoluto, pero sí debe asegurar el buen uso del sistema y resguardar las grabaciones.
Sus funciones en este tema incluyen:
- Supervisar que el equipo de CCTV esté funcionando correctamente.
- Controlar el acceso físico y digital a las grabaciones.
- Llevar un registro de quién solicita ver imágenes, cuándo y por qué.
- Coordinar con Carabineros si hay requerimientos judiciales.
- Informar al comité en caso de fallas, incidentes o solicitudes sensibles.
Además, debe asegurarse de que el lugar donde se encuentran los monitores o grabadores esté cerrado con llave, con acceso limitado solo a quienes estén autorizados.
¿Los vecinos tienen derecho a solicitar imágenes?
Sí, pero no es un derecho libre ni automático. Los vecinos no pueden pedir ver grabaciones por simple curiosidad o para revisar si alguien estacionó mal su auto. Para solicitar acceso a las imágenes, deben cumplir ciertos requisitos:
- Haber sido parte o testigo de un hecho específico (por ejemplo, un robo o daño).
- Realizar una solicitud formal al administrador o al comité, indicando fecha, hora aproximada y motivo.
- Solicitar las imágenes dentro del plazo de retención (que suele ser de 7 a 30 días, dependiendo del sistema).
- El comité o el administrador evaluará si la solicitud es válida y, si corresponde, entregará una copia parcial o permitirá la revisión del video en un espacio controlado.
Importante: si en la grabación aparecen terceras personas, se deben tomar medidas para proteger su identidad, a menos que haya una orden judicial de por medio.
Acceso restringido: cómo evitar el mal uso del sistema
El CCTV es una herramienta poderosa, pero si se maneja mal, puede volverse en contra de la comunidad. Por eso, es fundamental establecer reglas claras de uso y acceso. Algunas recomendaciones:
- Limitar el acceso a un grupo reducido (administrador, comité, empresa de seguridad).
- Guardar las grabaciones en un lugar seguro y con contraseña.
- Evitar la revisión constante sin motivo justificado.
- Nunca divulgar grabaciones por WhatsApp o redes sociales, ya que eso puede generar sanciones.
- Tener un protocolo claro ante incidentes: cuándo se revisa, quién lo autoriza, cómo se guarda la evidencia.
La transparencia también ayuda. Si la comunidad sabe que hay un reglamento claro, se evitan malentendidos o acusaciones de espionaje entre vecinos.
Responsabilidad legal por el manejo de las grabaciones
Una grabación de CCTV no es un simple video. Se considera un dato personal, por lo tanto, tiene un marco legal de protección. Si alguien accede o divulga esas imágenes de forma indebida, puede enfrentar consecuencias.
Algunas situaciones que pueden derivar en responsabilidad:
Acceder sin estar autorizado o sin causa justificada.
Difundir imágenes en redes sociales, sin consentimiento.
Grabar zonas privadas (como interiores de departamentos o baños).
Eliminar grabaciones para ocultar información.
Tanto el administrador como los miembros del comité pueden ser responsables si no se cumple con la normativa, así como cualquier residente que haga uso indebido de una grabación.
Buenas prácticas para gestionar el CCTV en edificios y condominios
Más allá de la ley, hay ciertas prácticas que ayudan a que el sistema funcione bien y no se convierta en una fuente de conflictos.
Algunas recomendaciones que vale la pena aplicar:
- Instalar carteles visibles que informen sobre la existencia de cámaras.
- Delimitar bien los espacios que se graban: solo zonas comunes, nunca espacios privados.
- Contar con un protocolo aprobado por la comunidad, que defina quién puede acceder, cómo y en qué circunstancias.
- Capacitar al personal (conserjes o guardias) en el uso correcto del sistema.
- Revisar periódicamente el estado del equipo: cámaras, discos, software.
Cuando todo esto se hace bien, las cámaras cumplen su objetivo: proteger sin invadir.
¿Qué hacer si se vulnera la privacidad a través del sistema de cámaras?
Si un vecino o trabajador cree que su privacidad fue vulnerada por el uso indebido del CCTV, puede tomar varias acciones:
- Hablar con el administrador o el comité: muchas veces el problema se puede resolver internamente.
- Solicitar formalmente que se revisen los registros de acceso: para saber quién revisó las grabaciones.
- Acudir al Consejo para la Transparencia, si se trata de una infracción a la Ley de Protección de Datos.
- Iniciar una denuncia en Carabineros o en tribunales, si hubo uso malicioso o difusión indebida de imágenes.
Lo más importante es que las comunidades tomen conciencia de que usar tecnología implica también responsabilidad.
Seguridad sí, pero con reglas claras
El CCTV en comunidades es una herramienta útil y cada vez más necesaria. Ayuda a disuadir delitos, aporta evidencia y mejora la convivencia. Pero su uso no puede ser arbitrario. Debe respetar la privacidad, estar regulado y ser manejado solo por quienes correspondan.
Como residente o administrador, es importante saber qué se puede hacer y qué no. Tener un sistema de cámaras no significa vigilar a todos todo el tiempo. Significa estar preparados para actuar cuando realmente se necesite.
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